El debate que
se pretende en la Sociedad Canaria acerca de la Reforma del Sistema Electoral
Canario elude algunas cuestiones esenciales sin las que no es posible un
análisis certero y sincero. Es por ello que debemos señalar lo siguiente:
1. Los precedentes
históricos coloniales, inequívocos hasta la llamada transición española de los
setenta, se mantienen hasta la fecha dado que ninguna institución ha promovido
proceso democrático alguno que haya cambiado tal status con la expresa y auténtica
voluntad de la sociedad canaria.
2. La Constitución española
del 78 no ha convalidado las prerrogativas derivadas del vínculo del
Archipiélago con la corona española, y esto es así, porque los derechos
fundamentales imprescindibles para cualquier pronunciamiento con garantías
democráticas fue contrapartida para impedir la libre voluntad de la población
canaria, sobre tal vínculo con España, que, en todo caso, debe fundamentarse en
el derecho internacional clásico y actual y el derecho comparado, y no en el
derecho interno español.
3. El Estatuto de Canarias,
vía artículo 151 de la Constitución española que mantiene cautivas las plenas
funciones del Gobierno y Parlamento Canario, fue un Estatuto impuesto, jamás
refrendado por la Sociedad Canaria, con decisiones amañadas al margen de la
voluntad popular, con el solo voto del partido español UCD, y fruto de la
sumisión de algunas fracciones del poder económico y político canario que
cooperaron con España para eludir la resolución de la situación colonial del
Archipiélago ¡Sin la soberanía del Pueblo canario no hay auténtica democracia!
4. El Estatuto de Canarias y
el sistema electoral, como parte de su desarrollo, es fiel reflejo de la
realidad colonial, de tal manera que la metrópoli consiente en la cesión de una
serie de ámbitos para su administración por el Gobierno de Canarias,
reservándose todos aquellos aspectos que realmente representan el ejercicio de
la soberanía.
Dicho lo
anterior, muchos de los argumentos que se esgrimen para la Reforma Electoral,
algunos podrían ser plausibles o, al menos, considerados si no obviasen la
cuestión nuclear o contradicción principal: Canarias es una colonia. Admitiendo
esta realidad cualquier propuesta debe estar incardinada a la consecución de
todos los derechos de nuestro Pueblo y en los que debería incorporarse dicha
reforma.
Desde nuestra
perspectiva la Reforma Electoral debe enmarcarse en la modificación del status
de Canarias. La revisión de porcentajes y representación insular no puede ni
debe esconder el débil y escaso marco competencial del Gobierno de Canarias.
Incapacitado, también, para impedir los efectos de la Ley D`Hont y el
tratamiento de la abstención que se produce en las Islas, más perniciosos que
el propio sistema electoral.
Un Gobierno que
solo ejerce como administrador de los intereses en las islas de la metrópoli, o
bien no posee competencia alguna en lo que son ámbitos estratégicos para el
desarrollo y desenvolvimiento de nuestra sociedad, de tal manera que España se
reserva la toma de decisiones y el poder para determinar nuestro futuro, no
dejará de ser lo que es, si se limita la reivindicación al ámbito electoral.
Dadas las circunstancias
anteriores, centrar el debate y la reivindicación solo en porcentaje y
representación, siendo importante, no conlleva un cambio de status de Canarias.
Si de debatir se trata, resulta más insoportable que en pleno siglo XXI se
mantenga impuesta la condición de "Isla" y no la de
"Archipiélago". Una situación más injusta, por vieja y porque tiene
mayores efectos democráticos y de derechos, que el propio Sistema Electoral
Canario.
Entendemos
necesario un amplio acuerdo de Transición para la Soberanía Plena que formule
el marco provisional de competencias imprescindibles y necesarias para
estableciendo un calendario se produzca la descolonización e independencia de
Canarias. Dentro de ese acuerdo debe enmarcarse la reforma electoral.
Hacemos un
llamamiento a abandonar el oportunismo y el tacticismo para formular un
proyecto estratégico con el objetivo de lograr abrir un proceso para la
consecución de la auténtica soberanía y la desvinculación total de Estado
Español.
Estaríamos de acuerdo en una
reforma electoral siempre que conllevara un cambio estructural en la actual
relación político-administrativa del Archipiélago canario con el Estado
español.
Junio de 2015
Chema Hernández
Comisionado del CDTN
