La negativa española de consulta popular
a la sociedad canaria sobre las prospecciones tenía una perversa
intencionalidad. Estaban esperando que pasaran las elecciones conscientes de
que sus resultados en Canarias no iban a ser buenos para el PP -quién más votos
perdió- y así salvar al candidato Cañete responsable de la Declaración de
Impacto Ambiental favorable a Repsol para, en venganza, anunciar la
autorización de las exploraciones de petróleo en aguas canarias.
La canallesca colonial da a conocer su imposición en la víspera que las
instituciones celebran el “Día de Canarias”, dejando claro que los intereses
del Estado español y de sus empresas están por encima de las instituciones y la
voluntad del Pueblo canario. Una vil declaración de ninguneo a los que dicen
representarnos y que es respondida con un dócil lenguaje e incomprensible lealtad institucional para quienes tratan a
los hijos de este Archipiélago con el mayor de los desprecio.
El Estado, en una cuestión de Estado
como son los recursos energéticos y en una oportunidad de hacer valer de facto derechos inexistentes en aguas que no
le son propias, no va a permitir que Montesquieu se entrometa y permita
resolución ecuánime de Tribunal alguno a favor de los indígenas de estas Islas.
Las herramientas del Estado, son para resolver a favor del Estado, faltaría
plus, sobre todo cuando, además, se juegan grandes réditos económicos con bajos
costos del pretensioso saqueo natural.
Es posible, tener mañana un problema por
riesgo medioambiental pero, lo que es innegable hoy, es que tenemos un problema
jurídico-político de gran calado. Problema que ocultan a la sociedad canaria y que sólo podrá
resolverse poniendo en valor nuestros derechos históricos y políticos con
determinación. Una responsabilidad que, a la vista de la despótica iniciativa
española, le explotará en las manos a todo el Gobierno Autónomo de Canarias
que, evidentemente, cada vez es menos autónomo ¿Alguna vez lo ha sido?
Esta preocupante e inquietante iniciativa
de España no va a dejar impasible al Reino de Marruecos que, como Estado celoso
de su integridad territorial, ante la falta de arrestos de quiénes dicen ser
los legítimos representantes y salvaguardas de los derechos de la sociedad
canaria, intentará hacer prevalecer sus derechos y posición geopolítica ahora reforzada
con su diplomacia africana en el Sahel y Golfo de Guinea. No ha sido casual, ni
el anuncio favorable de la Declaración de Impacto Ambiental, ni la del LIC,
pero tampoco la decisión de Marruecos que le ve las orejas al lobo y toma carta
en el “contencioso del petróleo” de Canarias con el Estado español anunciando
la actualización de los límites que linda con el Archipiélago ¿Se debe esta
decisión a que ya sabían las autoridades marroquíes las intenciones de España? En
esta colonia, todo es causal.
En el forcejeo por explotar los recursos
de las innominadas aguas España quiere sacar ventaja forzando a la
administración canaria al uso del derecho interno español en una cuestión que
regula el derecho internacional, ahí Canarias la tiene todas perdidas. No
obstante, para poder tener derecho a decidir sobre los yacimientos de hidrocarburos
es condición de tenerlo sobre las aguas y sólo podemos reclamar los canarios en
la ONU, como vecino Archipiélago de Estado, si el Gobierno Autónomo se dota de la
dignidad y determinación para constituirse en
Estado Archipielágico, lo que permitiría ampliar el espacio marítimo y
preservar sus recursos, como son los yacimientos de hidrocarburos en cuestión.
Pero lo cierto es, que nuestro actual
status jurídico-político y el derecho internacional del mar no nos permiten la
protección de esas aguas en tanto que Canarias no tiene derecho a delimitar las
200 millas náuticas desde el perímetro archipielágico como Zona Económica
Exclusiva. Pero mucho menos a España, pues ante el derecho internacional no es,
ni siquiera, competente para otorgar licencia a Repsol, ni a nadie, en tanto
que las aguas no son de soberanía española por muchas declaraciones que hagan
sus voceros locales.
¡No hay otra salida! Para conseguir
evitar la explotación del petróleo como cualquier otro recurso existente en el
mar es necesario tener soberanía sobre la ZEE y la plataforma continental y
esto sólo es posible modificando nuestro actual status jurídico-político para, con
todas las consecuencias, convertirnos en Estado Archipielágico Canario.
Mientras, movilicémonos en toda la
Patria para contener este acto de vil pillaje y hostilidad contra la sociedad
canaria. Ahora, no caben componendas, ni intereses de grupo, es un momento de
emergencia nacional. Impidamos el expolio español y forcemos al gobierno
autónomo a denunciar el agravio en las instancias internacionales. Sólo allí se
dirimen los conflictos territoriales y coloniales.
Sumémonos a las convocatorias de
protestas en todas las Islas como una sola voz contra las pretensiones españolas
y su intransigencia de hipotecar nuestro presente y futuro ¡Acabemos con el saqueo!
Viviremos mejor con lo que vivimos y lo que nos roban.
Tomás Quintana
Secretario General del FREPIC-AWANYAK
miembro del CDTN
